El Monitoreo de Paz de Justice for Colombia, formado por parlamentarios y dirigentes sindicales británicos e irlandeses, visitó Colombia entre el 26 y 31 de mayo de 2019 para observar el estado de implementación del acuerdo de paz de 2016 y la situación general en cuanto a los derechos humanos.

El Monitoreo de Paz ya había visitado Colombia anteriormente, en abril y agosto de 2018 y en noviembre del mismo año, y presentó su informe en el parlamento británico. Las conclusiones finales de la visita actual se presentarán en julio al Comité de Asuntos Exteriores del Parlamento irlandés y a los parlamentarios británicos.

Visitamos diferentes regiones de Colombia y en Bogotá nos reunimos con:

• Representantes del Gobierno colombiano y de la Fiscalía General de la Nación.
• Líderes del partido de la FARC.
• El jefe de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas y el Representante Adjunto de la OACNUDH en Colombia.
• La Bancada por la Paz formada por miembros de la oposición en el Congreso.
• Los embajadores de los países garantes Noruega y Cuba, así como los embajadores de Gran Bretaña e Irlanda.
• La CUT, organizaciones de derechos humanos y líderes de la sociedad civil.

Quienes fuimos parte de la delegación viajamos a la municipalidad de Cajibío en Cauca, donde nos reunimos con comunidades campesinas quienes nos contaron sobre el alarmante número de asesinatos de líderes sociales y las amenazas de muerte por parte de grupos neo-paramilitares. También viajamos al ETCR Tierra Grata en César donde observamos con preocupación la falta de avances en diferentes elementos del programa de reincorporación socioeconómica, acordado en el Acuerdo Final de Paz.

A lo largo de la visita, quedó claro que para muchos colombianos el Acuerdo Final ofrece una esperanza real para una nueva Colombia en lo que las personas más marginalizadas y más afectados por la pobreza y la violencia pudiera comenzar a soñar con una vida en paz y con el pleno cumplimiento de sus derechos.

La delegación reconoce las expresiones de compromiso con el proceso de paz colombiano del actual presidente y los representantes gubernamentales con quienes nos reunimos. Sin embargo, la delegación considera fundamental que estos compromisos se reflejen también en las acciones del gobierno para que la implementación del Auerdo de Paz sea un éxito.

Fue evidente entre las personas con quienes nos hemos reunido esta semana que la
esperanza que surgió después de la firma del Acuerdo se está disminuyendo. El Acuerdo de Paz colombiano fue un ejemplo para la comunidad internacional, pero queda claro que existen varias áreas de preocupación que requieren atención urgente.

Los asesinatos de líderes sociales, incluyendo sindicalistas, ha alcanzado a niveles de alta
preocupación y aunque reconocemos que las autoridades colombianas han realizado
acciones judiciales en contra de los autores materiales en algunos casos, todavía existe un nivel preocupante de impunidad para los autores intelectuales de estos crímenes.

Según la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, 116 líderes sociales fueron asesinados en 2018 y en este año ya muchos han perdido sus vidas. También preocupante son los asesinatos de los excombatientes de la FARC, con cerca de 130 asesinatos denunciados desde que se firmó el Acuerdo de Paz.

Vimos los esfuerzos de los excombatientes de la FARC para construir comunidades
productivas y sostenibles que ofrecerían esperanza para ellos y sus futuras generaciones.
Escuchamos también la frustración que el apoyo del gobierno para su reincorporación no haya sido suficiente y que no ha avanzado al ritmo necesario. Quedó claro para la delegación que el acceso a tierra es fundamental para garantizar la estabilidad del proceso de reincorporación a largo plazo. Es de alta importancia que todos los excombatientes de la FARC tengan garantías de que el apoyo del estado, incluyendo las que tiene que ver con su seguridad, se mantenga después de la fecha límite actual de agosto de este año.

El funcionamiento de la Jurisdicción Especial para la Paz y la creación de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad son muy importantes para la paz en Colombia. Sin embargo, es esencial que la JEP pueda funcionar con autonomía y con el pleno respeto de todos los representantes del estado.

El caso de Jesús Santrich fue mencionado en diferentes ocasiones durante la visita y la
delegación ve de manera positiva el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema que ordenó su liberación. La delegación se reunió con los abogados de Jesús Santrich y seguimos pidiendo que el debido proceso sea respetado en su caso. La presunción de inocencia es un principio fundamental del sistema judicial en cualquiera sociedad democrática.

Seguimos creyendo en el enorme potencial del proceso de paz entre el estado colombiano y las FARC-EP, para la población colombiana, sus países vecinos y la comunidad internacional en general. Del mismo modo, esperamos que los diálogos de paz con el ELN se reinicien.

Nuestro apoyo para la paz en Colombia es absoluto y estamos comprometidos de seguir
ofreciendo este apoyo a todos y todas las personas en Colombia que están trabajando para lograr la paz.